Por Sergio Rojas, sobreseído luego de haber sido imputado en el 2012 por la Ley Antiterrorista
“Bueno, ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores, no. El primer caso que vamos a tener de aplicación de Ley Antiterrorista” dijo Cristina Fernández por cadena nacional el 14 de agosto
Tras el discurso de la presidenta Cristina Fernández acudimos al primer intento de legitimación de la ley antiterrorista (26.734) promulgada por el ejecutivo en diciembre de 2011.
En una especie de discurso tribunero Cristina intenta utilizar la lucha de los obreros de Donnelley contra los despidos y la patronal yanqui como una causa nac&pop donde es el gobierno quien defiende los puestos de trabajo y pelea contra los buitres. Lejos de esto, los trabajadores vienen desde hace tiempo con una comisión interna clasista organizándose contra la burocracia sindical, impulsando la comisión de mujeres, llevando adelante campañas como la absolución de los petroleros de las heras por lo cual pararon la fabrica, fueron protagonistas del paro del 10A, cortando la panamericana como herramienta de protesta poniéndose en la primera linea frente a la represión, estos son algunos ejemplos, y la fabrica funciona gracias a esta comisión interna y a los trabajadores que hicieron las guardias para que la patronal no se lleve ni las maquinas ni la materia prima, para luego tomarla bajo su control.
Los trabajadores de Donnelley, son los que también vienen apoyando activamente a los despedidos de lear, otra empresa buitre que quiere dejar a 200 familias en la calle, donde también su comisión interna salió a luchar contra los despidos y la empresa no los deja ingresar a la fabrica de forma completamente ilegal, con la complicidad del SMATA. Parece que Cristina “se olvidó” de esta empresa buitre en su discurso. La realidad es que quiere separar las luchas de Lear y Donnelley que son la misma. Frente al cierre de fábricas se tiene que seguir el ejemplo de los trabajadores de Donnelley y levantar la misma consigna que resonó en la crisis del 2001, como hicieron en Zanon y Brukman. FÁBRICA QUE CIERRA, SE TOMA Y SE PONE A PRODUCIR BAJO CONTROL DE SUS TRABAJADORES
¿Es la primer vez que se aplica la Ley Antiterrorista??
Cristina en su relato bonapartista omite que la ley antiterrorista fue aplicada apenas a un mes de ser promulgada a un grupo de asambleístas que formabamos parte de la organización de cortes de ruta en la provincia de Catamarca en una pelea contra otra empresa buitre como lo es Minera la Alumbrera el dia 14 de enero de 2012, uno de ellos es quien escribe.
En Catamarca tras realizar cortes de ruta en contra de esta minera buitre, donde el gobierno mandaba a reprimir y encarcelaba militantes solo para abrir paso a los camiones de esta empresa que comenzaba a desabastecerse por las medidas de lucha que decidíamos en las asambleas populares, el gobierno aplicó esta ley contra nosotros dando cuenta del verdadero objetivo de la misma. Sólo luego de una ardua lucha que incluyó la disputa legal en la que intervinieron abogados del servicio de paz y justicia (serpaj), la abogada local Nidia Gautier y el fiscal federal Gustavo Gómez quien denunció como prevaricato (resolución arbitraria del juez) la aplicación y tras una larga pelea mediática en la cual intervino inclusive el ministro de justicia Julio Cesar Alak, quien negó en los medios que esto hubiera ocurrido, se dieron a conocer los expedientes de los imputados a la opinión pública y de esta manera se ganó la pulseada a lo que la justicia, por bajada de línea directa, envió por resolución todo al incinerador.
En el caso de las empresas megamineras no hay mucha diferencia cuando se trata de quienes son los verdaderos dueños detrás de los nombres corporativos. Mientras se muestra en todos los medios la pelea con los fondos buitres, por otro lado se entrega al mismísimo Paul Singer (buitre alfa de NML Elliot, un fondo buitre) la cordillera de los andes, ya que es accionista de la Barrick. Como así también de Chevron que en conjunto revientan el territorio mientras se la llevan en palas, barcos, aviones, etc.
A la hora de reprimir y aplicar la ley antiterrorista a las protestas sociales que se oponen como en este caso a un modelo megaminero que es por un lado contaminante y por otro expoliador de riquezas, el gobierno no duda en poner a disposición de las empresas buitres esta ley.
Cristina en su discurso declaró que formularon una denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero contra la empresa Donnelley por generar un clima de temor,de despidos, mas allá de que se dé lugar a la imputación en la justicia el discurso no hace más que intentar generar una mirada positiva de esta herramienta de represión de la protesta social que es la ley antiterrorista. Discurso que hoy despues de una semana no tiene validez ya que funcionarios del gobierno como Alejandro Vanoli salieron a decir que hubo una confusion y que la denuncia es por quiebra fraudulenta.
Pasando al análisis: El fin específico de esta ley está en su letra.
“ARTICULO 41 quinquies — Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”
En este artículo solo se habla de los agravantes, o sea. Aunque se esté actuando al amparo de un derecho natural o defendiendo un derecho humano, se penará, sólo que sin los agravantes, la pregunta es ¿desde cuándo es punible defender un derecho humano?
La ley antiterrorista deroga el artículo 213 ter del código penal que especifica las características de las organizaciones para ser consideradas terroristas y plantea la frase “infundir temor” sin una debida definición. Así esta ley permite inventar causas sin ninguna restricción dándole a los funcionarios involucrados una herramienta de represión para cuando se lo requiera.
De esta manera vemos cómo el relato oficial se quiere vestir de justiciero cuando es la propia organización de los trabajadores la que pone en funcionamiento las fábricas y lucha a la par con los estudiantes rompiendo las lógicas impuestas, y contra los intereses de empresarios ricos que solo buscan resguardar sus ganancias cueste lo que cueste. Este relato que no es otra cosa que una acomodada de cuerpo y a la vez una mentira donde se intenta poner a la herramienta de represión “Recomendada” por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como una norma positiva en una presentación por demás alejada de su verdadera naturaleza.
Insurrectos para el Futuro 